En una reunión mantenida entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, se destacó y detalló la implicación de la sanidad privada en la gestión del COVID-19 durante los meses de marzo y abril, los más críticos de la pandemia, y cómo ha afectado de forma extrema a la viabilidad e insostenibilidad económica de los centros sanitarios.
ASPE solicitó al ministro que el sector de la sanidad privada sea considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijará el real decreto del fondo autonómico sanitario de 10.000 millones de euros que el Gobierno ha anunciado hace semanas que pondrá en marcha. El ministro Salvador Illa comprometió una respuesta en un periodo de 10 días.
El objeto principal del encuentro fue exponer la afectación del sector ante un contexto drástico de limitación de la actividad de programación asistencial ordinaria, y sus consecuencias en una dramática situación económica y de viabilidad que vive el sector.
Además, hay que destacar la disposición de la sanidad privada se ha facilitado desde antes de que se declarara el Estado de Alarma mediante la interlocución constante con las autoridades sanitarias autonómicas, poniendo a su disposición todos sus recursos humanos, materiales, instalaciones e inventarios.
